Breve historia del Colegio de Doctores y Licenciados de Tenerife
Surgen los primeros colegios de Doctores y Licenciados
En 1899, al amparo de la ley de Asociaciones de 1887 surgen los primeros colegios con una clara vocación de servicio a la comunidad y como medio de defensa de los legítimos derechos profesionales A partir de la R.O de 1906 en que se proclama que “en todas las capitales de distrito universitario habrá un Colegio de Doctores y Licenciados en F y L y en C, se generaliza su creación que continuará a lo largo del tiempo, hasta completar los 29 de la actualidad.
Nace el Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de La Laguna
El establecimiento de la obligatoriedad de titulación y colegiación para el ejercicio de la enseñanza privada y para formar parte de los Tribunales de Examen, así como la atribución a los colegios de la facultad para ejercer funciones inspectoras, derivadas del R.D. de Octubre de 1913, convierten a los colegios, de simples asociaciones, en Corporaciones de derecho público. Al amparo de la citada ley se crea el Colegio de D y L en F y L y en C del Distrito de la Laguna, el 21 de septiembre de 1931.
Los Colegios durante la Dictadura
Terminada la etapa democrática de los años de la República, se entra en la etapa de la Dictadura que abarca dos periodos bien diferenciados: el primero de ellos 1939-1953, supone para los colegios un estado de sumisión, encuadrados en el SEPEM, dependiente de la Falange, período en el cual se crea, en 1944, el Consejo Nacional como órgano coordinador de las Colegios. El segundo período de esta etapa se inicia en 1953, siendo Ministro D Joaquín Ruiz Giménez, con la elaboración de unos nuevos estatutos en que se permite, de nuevo, que los colegios puedan elegir a sus órganos de gobierno. Durante esta etapa, la preocupación de los colegios se centra en problemas tales como : la supervisión de títulos, el intrusismo, horarios de trabajo, precariedad de salarios, etc.
El papel de los Colegios en la Transición
En la etapa comprendida entre los años 1968 y 1980, los colegios jugaron un papel que, aunque no les correspondía como organización, ni estaba amparado por los estatutos vigentes entonces, convirtió a los colegios en plataformas de lucha, de debate y, en definitiva, de resistencia, en que, dada la inexistencia de sindicatos democráticos y partidos legales, sustituyó a estos hasta la llegada de la Constitución de 1978. Un factor importante que favoreció que los colegios jugaran ese papel fue, sin duda, el hecho de que en esa época, la colegiación era obligatoria para todos los que ejercían la docencia, tanto en la Enseñanza privada como en la pública(O. M. del 16 de Junio de1969), juntamente con la expansión que experimentó la enseñanza en esos años, lo que convirtió a los colegios en organizaciones con un número considerable de miembros, fenómeno que facilitó movilización. Durante parte de ese periodo, la actividad colegial se desarrolló bajo los estatutos dictados por el sistema político vigente en los que las restricciones eran considerables. Aunque se trabajaba en la elaboración de nuevos estatutos al amparo de la ley de colegios profesionales de 1974, que imponía más restricciones a la vida de los colegios, seguramente en un intento del Régimen por cortar la creciente actividad en los mismos. Con la llegada de la Democracia, la legalización de los partidos y sindicatos libres, se abre una nueva etapa, la de los años 1978-1980, en la que los colegios se plantean cuál va a ser su papel en adelante. En nuestro colegio, se discute sobre esa cuestión y se llega a conclusiones que se concretan en la declaración de principios que se elabora y difunde durante la preparación de las elecciones de 1980 con el lema “un Colegio de Doctores y Licenciados para la Democracia, por la dignificación profesional, por la actualización profesional, por la renovación pedagógica”, que es asumida por la nueva junta, constituyendo la base de la actuación del Colegio hasta la actualidad. Se discutió, asimismo, la situación en relación con otro tipo de organizaciones como los sindicatos, concluyéndose que: los intereses de los profesionales son los de los trabajadores en general y deben defenderse en el marco apropiado, los sindicatos lo que no impide que se pueda seguir perteneciendo a un colectivo profesional cuyos miembros tienen en común una problemática específica, consecuencia de sus conocimientos y titulación. Debe, por tanto, superarse la dicotomía Colegio/sindicatos; ambos no son antagónicos sino complementarios. No debe olvidarse la necesaria vigilancia por parte de los propios profesionales de la calidad, idoneidad y deontología del ejercicio profesional que evite el intrusismo y las actitudes irresponsables en la Enseñanza, donde debe ser mayor el control y las exigencias para el ejercicio profesional, función que sólo es posible realizar con la colegiación obligatoria. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional viene a confirmar estas aseveraciones. En el año 1945, surge en Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio Provincial de Doctores y Licenciados en F y L y en C, integrado en el Colegio del Distrito, que creció rápidamente y contribuyó eficazmente al cumplimiento de las funciones y responsabilidades colegiales en esa provincia.
El Colegio de Doctores y Licenciados de Tenerife en la Democracia
En 1989 al amparo de la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de Reorganización Universitaria de Canarias, el Colegio Provincial de las Palmas de Gran Canarias pasa a ser Colegio Oficial de D y L de Las Palmas de Gran Canaria con entidad propia, La relación entre los dos colegios ha sido durante todos esos años de colaboración y apoyo, y esperamos que, además, en el terreno institucional, nos unamos de nuevo, esta vez en igualdad plena, con la pronta constitución del Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma de Canarias Este será el acto que culmine el proceso institucional que ha ocupado parte del que hacer de los colegios en los últimos años. Este proceso ha consistido en la elaboración de unos estatutos adaptados plenamente a la situación democrática de nuestro país, los estatutos por los que en el futuro se rija la vida de nuestros colegios profesionales y en los que podamos basar esa aspiración que siempre nos ha animado de defensa de los intereses de los colegiados, con el objetivo irrenunciable de servicio al bien común.
